El presente número de la Revista, correspondiente al primer semestre de 2026, aborda temas jurídicos muy interesantes como: el derecho a la educación, el principio de legalidad penal, la digitalización del sistema tributario en México, un repaso jurisprudencial sobre la calidad de autoridad responsable, la defensa del derecho humano al medio ambiente sano de los indígenas, y la regulación de los videojuegos basada en el bienestar digital.

En su artículo, Oscar Guillermo Barreto Nova examina la funcionalidad de la teoría garantista de Luigi Ferrajoli en la tutela de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), poniendo énfasis en su interpretación tanto en el ámbito interno como en el sistema interamericano de derechos humanos. El estudio se centra de manera particular en el derecho a la educación, cuya realización condiciona el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales y el funcionamiento mismo de una sociedad democrática. Desde esta perspectiva, sostienen que la intervención judicial en la protección del derecho a la educación representa una respuesta necesaria ante la insuficiencia o ineficacia de las garantías primarias, conforme al modelo garantista.

Por su parte, Jorge Alvar Contreras Segura sostiene que el principio de legalidad penal impone un límite estricto a las sentencias interpretativas de los tribunales constitucionales. Desde un enfoque dogmático y comparativo, analiza la tensión entre la legalidad penal y las sentencias interpretativas en España, Colombia y México; y concluye que España permite interpretaciones restrictivas excepcionales, mientras que en Colombia y México prevalece la invalidez de las disposiciones ambiguas. La idea central del artículo es que el control constitucional penal no debe sustituir la función legislativa, sino salvaguardar los derechos de las personas sujetas a proceso mediante un equilibrio entre supremacía constitucional y respeto estricto a la legalidad.

Adrián Cruz Silva considera que el sistema tributario mexicano enfrenta deficiencias estructurales que contrastan con el discurso político que presume avances gracias a la digitalización y al uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial. Si bien los sistemas tecnológicos implementados por el Servicio de Administración Tributaria han fortalecido los procesos institucionales, también han sido utilizados para la simulación de operaciones que se relaciona con el uso indebido de dichos comprobantes fiscales y la creación de esquemas orientados a evadir el pago de contribuciones. Factores como la corrupción, la impunidad y una cultura contributiva debilitada continúan incentivando su comisión en este sistema cada vez más digitalizad, lo cual, hace necesaria la adecuación de los mecanismos existentes mexicanos, tomando como referencia las experiencias de otros modelos en el contexto internacional.

Por otro lado, Luis Emilio Delgado Jaramillo y Elizabeth Tejada Caudillo realizan un breve repaso acerca de la evolución jurisprudencial del concepto de autoridad responsable para el juicio de amparo; pasando desde los criterios en los que primaba el contenido del acto, la fuerza pública, el mandante versus el ejecutante, la afectación a la esfera jurídica, la supra subordinación, etcétera; hasta la concepción actual en la que el juicio de amparo es procedente contra los actos realizados por autoridades y particulares cuando reúnan una lista de características orientativas que serán determinadas de manera casuística por el juzgador.

Roberto Martínez Regino y Juan Manuel Ortega Maldonado reflexionan sobre la justiciabilidad del derecho humano al medio ambiente sano de los indígenas mediante el vínculo entre el litigio estratégico y el ombudsperson mexicano, Comisión Nacional de Derechos Humanos y comisiones estatales de derechos humanos, a fin de lograr la protección integral del aquel derecho, constantemente transgredido por falta de atención de las causas que imperan en la realidad, e incidir con modificaciones estructurales en las políticas públicas de derechos humanos. Con su investigación pretenden demostrar cómo prácticas exitosas del litigio estratégico indígena contribuyen a la salvaguarda del derecho humano al medio ambiente sano, donde el ombudsperson mexicano es factor crucial para lograr el impacto social y el fortalecimiento democrático en México.

En su artículo, Antonio Montero Balderas y Dania Nimbe Lima Sánchez examinan si el marco regulatorio mexicano sobre videojuegos es idóneo para proteger a personas menores de edad frente a riesgos sanitarios asociados a su uso problemático. A partir de una reconstrucción del origen del modelo de autorregulación estadounidense, basado en clasificación por edades y contenidos, replantean el problema desde el bienestar digital y la categoría clínica de gaming disorder, mostrando que los riesgos relevantes no dependen principalmente del contenido violento, sino de variables de uso y diseño: tiempo de conexión, monetización, alteración del sueño y deterioro funcional. Los autores sostienen que la regulación mexicana vigente y la propuesta fiscal sobre “videojuegos violentos” son insuficientes, y proponen un modelo interinstitucional, proporcional y basado en objetivos sanitarios verificables, compatible con proporcionalidad y protección reforzada.

El número también incluye una biografía de la Dra. Dolores Heduán Virués, cuya vida fue un testimonio de disciplina y coraje, pues no sólo dominó áreas del derecho consideradas "áridas" o "difíciles" (como el fiscal y el penal), sino que además, en un ambiente regido por el machismo, utilizó su posición profesional para abrir puertas a las generaciones futuras, demostrando que la capacidad jurídica no tiene género.

Finalmente, René Palacios Garita realiza una reseña del libro Blue Book on AI and Rule of Law in the World de Yadong Cui, el cual analiza la relación entre la inteligencia artificial (IA) y el estado de derecho a nivel global, con un enfoque particular en la perspectiva china. Examina las políticas y regulaciones de IA en varios países, incluyendo China, Estados Unidos y la Unión Europea, así como la investigación académica en este campo. La obra explora las aplicaciones de la IA en el sistema legal, los litigios relacionados con la IA, y la necesidad de un marco legal adaptable y ético para su desarrollo responsable. Finalmente, el libro enfatiza la importancia de una gobernanza internacional de la IA para asegurar su uso beneficioso para la sociedad.