En nombre de la Dra. Marisol Anglés Hernández, Coordinadora del Programa de Posgrado en Derecho, y de todo el equipo editorial de la Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, nos complace presentar el Número Especial dedicado a la comunidad del posgrado de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán.

 Esta revista especial, aborda un abanico muy interesante de temas como son el derecho laboral y la evolución de la dignidad humana, el requisito de procedencia por el número de personas en las acciones colectivas en México, el derecho internacional humanitario a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el test de restricción en los procesos penales, la Teoría de la biopolítica en relación con la migración y el ejercicio de la necropolítica por parte del gobierno norteamericano de Donald Trump en la población mexicana.

 De esta forma, José Antonio Álvarez León y Alejandra Pérez Ortega analizan la evolución de la dignidad humana en el ámbito laboral, desde la Revolución Mexicana hasta la postpandemia. Los autores examinan el marco pionero para la protección de los trabajadores que estableció la Constitución de 1917, y cómo la globalización, la tecnificación y la pandemia han transformado las relaciones laborales. También abordan el impacto del concepto de "trabajo decente" promovido por la OIT, la expansión del teletrabajo y los retos de la digitalización y la inteligencia artificial en el empleo, resaltando la necesidad de actualizar la legislación laboral ante estas nuevas realidades.

 Gonzalo Levi Obregón Salinas y Ana María Figueroa Núñez analizan la defensa de los derechos colectivos a través de las acciones colectivas, que son de vital importancia ante las necesidades sociales, políticas y económicas, y para protección de los derechos civiles, políticos, culturales y sociales bajo los principios de racionalidad y razonabilidad. Partiendo del nuevo paradigma de interpretación de los derechos humanos, y de un marco internacional que ordena a los diferentes Estados adoptar ese respeto y protección de los derechos humanos como parte de su democracia formal y sustancial, los autores concluyen que la protección efectiva de derechos colectivos solicita que los requisitos procesales, como la cantidad de personas, sean fundamentados en criterios racionales y razonables, para asegurar la legitimidad, equidad y eficiencia de las acciones colectivas en México. Como propuesta consideran que sea el punto sustancial y material del asunto el que permita la admisión de la acción colectiva, y no la forma sobre el fondo. En cuyo caso sería contrario al artículo 17 constitucional.

 Por otra parte, Jesús Catarino Blanco Ortega y Eduardo Alfonso Rosales Herrera analizan el papel del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en un contexto de fragmentación del derecho internacional. Los autores examinan cómo el DIH interactúa con otros regímenes jurídicos, las tensiones y convergencias que surgen, y su impacto en la coherencia del orden jurídico internacional. También estudian los desafíos que enfrenta el DIH ante la especialización del derecho y su papel cada vez más emergente en la discusión a nivel judicial dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

 Ahora bien, bajo la premisa de que los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han firmado tratados internacionales que les son vinculantes respecto de los criterios interamericanos, tanto de la Convención como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ésta última ha desarrollado parámetros para aplicar un test de restricción que determine la convencionalidad de ciertas normas o actos de autoridad. En su artículo, Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria y Francisco Rosendo Olivares explican que, en el ámbito penal, estas interpretaciones generan controversias sobre la interpretación del derecho internacional frente al derecho interno de los Estados. Los autores analizan los alcances de la convencionalidad en materia penal frente al derecho interno de los Estados.

 Por otro lado, Luisa Gabriela Morales Vega y Haydeé García Molina desarrollan un breve análisis sobre el contexto (jurídico) actual de las niñas migrantes no acompañadas en México, en relación con la doctrina de la situación irregular y en contraste con la doctrina de la protección integral. Con lo anterior, buscan justificar la aplicación de la teoría de la biopolítica como tecnología de poder.

 En este tenor, Christian Roberto Salazar Montiel y Guadalupe Amor Uribe Arpero examinan el ejercicio de la necropolítica norteamericana en la población mexicana. A partir de las teorías de Foucault y Mbembe, los autores analizan el discurso inmunitario y la política migratoria racializada de la administración de Donald J. Trump para determinar si la imposición de aranceles del 25% a las importaciones mexicanas fundadas en el artículo 1701, del Capítulo 35 del título 50 The International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) motivada en la crisis migratoria irregular y de salud causadas por el tráfico de fentanilo, constituye una práctica necropolítica transnacional.

 Finalmente, deseamos agradecer a la comunidad académica de la FES Acatlán por su entusiasmo al participar en este número especial, e invitamos a toda la comunidad que compone el Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM a colaborar activamente con su Revista.